España sigue esperando regulación de las apuestas
 La Generalitat espera que la experiencia de las dos primeras casas de apuestas legales de España, inauguradas meses atrás en el País Vasco y Madrid, que operan bajo patrones diferentes de regulación, demuestren resultados que sirvan como antecedente para llevar a cabo el proyecto de ley que regule la actividad de las apuestas en el país.
A pesar de que el borrador de la ley valenciana debía ser aprobado entre los meses de Noviembre y Diciembre, según lo que informó la Consellería, desde la pasada primavera no han habido avances y el proyecto quedó estancado sin pasar a estudio, aunque siguen realizándose reuniones entre la administración y los representantes de las empresas del sector, que apuntan a un modelo de libre concurrencia pero con garantías de solvencia.
Los requisitos exigidos por la Generalitat para obtener una licencia serían los siguientes: no contar con una deuda tributaria y poseer una fianza de seis millones de Euros o de 12 millones si no se suscribe un seguro por 10 millones de Euros. Este último es el factor que más críticas ha recibido por parte de las compañías, catalogándolo de “excesivo” y privativo de las empresas más grandes.
Las empresas que más se benefician con este modelo dentro de la Comunitat Valenciana son Cirsa y Orenes, dado que ambas tienen un amplio conocimiento del mercado local y buscan desarrollar casas de apuestas específicas o ampliar la oferta de juego de sus establecimientos. Mientras que el Madrid, las compañías que inauguraron sus casas de apuestas fueron: Victoria, Intralot Iberia, Sportium y Bwin Interactive Entertaiment.
La Generalitat estima que los ingresos por actividades referidas al juego durante el 2008 alcanzarían los 414.37 millones de Euros, a pesar de que muchos consideran que dada la oferta actual de juegos que no coincide con los gustos del público actual, existe riesgo de no alcanzar los objetivos trazados, en especial, por la gran popularidad que ha ido ganando el sistema de apuestas por Internet y por el móvil. Si bien la ley madrileña atiende esta tendencia, seguirá desarrollando los procedimientos actuales hasta alcanzar una coordinación entre el Gobierno central y el de las comunidades autónomas.
Fuente: Revista de Casinos |
