Azar a la venta
Quienes hayan estado al tanto de los últimos acontecimientos en la industria del juego en Latinoamérica, difícilmente no se hayan topado con el efervescente asunto de las concesiones dudosas que está otorgando el gobierno paraguayo para la explotación de los juegos de azar en ese país.
Para el que aún no esté al tanto de la situación, la Comisión Nacional de Juegos de Azar de Paraguay (Conajzar) habría otorgado autorizaciones provisorias y renovaciones de contratos para la explotación de juegos de azar, cuando la ley paraguaya señala que es necesario llamar a licitación pública para conceder tales licencias. La ley al respecto, Ley 1016/97, señala de manera clara en su artículo 20 que en este tipo de casos la Conajzar está obligada a licitar. Sin embargo, representantes de este organismo alegan que se amparan en un nuevo decreto que reglamenta la mencionada ley, de modo que las nuevas autorizaciones otorgadas no serían ilegales.
Dentro de estas renovaciones se encuentran el manejo del hipódromo de Asunción, el único del país, y los casinos de Asunción y Central. El hipódromo es administrado por el Jockey Club de Paraguay (JCP) y su contrato venció el pasado mes de marzo. No obstante, continúa explotando las apuestas con una renovación provisoria concedida por Conajzar.
En el caso de los casinos, según información oficial de Conajzar, en noviembre de 2005 se renovó el permiso a la empresa Casino Entertainment, el operador más importante de casinos en Paraguay, para seguir manejando el juego en el Yacht Club y el Golf Club de Asunción.
Los cinco casinos que operan en el país –cuyas licencias vencen en el 2010– aportan al Estado 234 mil dólares mensuales. El mayor contribuyente entre los operadores de casinos es Casino Entertaiment, seguido por Azar Internacional de Alto Paraná.
Lo particular de esta situación es que se da en un momento muy especial para Paraguay. Luego de más de cincuenta años de gobierno ininterrumpido del Partido Colorado, contando con el gobierno de Alfredo Stroessner desde 1954 a 1989, por primera vez el pueblo paraguayo elige a un representante de una oposición. El obispo Fernando Lugo fue electo presidente en las últimas elecciones de ese país obligando al Partido Colorado a retirarse del gobierno.
A raíz de este movimiento político que revoluciona a Paraguay, y agregando a la coyuntura la necesidad de nuevas licencias para operar casinos, varias empresas con fuerte apoyo político se interesaron en acceder a permisos para explotar los juegos de azar antes de que termine el mandato del actual presidente Nicanor Duarte Frutos, el próximo 15 de agosto.
Acto seguido, en un país que además no tiene el mejor curriculum en términos de corrupción, surgen intentos de soborno a las nuevas autoridades para lograr licencias más beneficiosas. Tal es el caso de la coima por 1 millón de dólares ofrecida al vicepresidente electo Federico Franco, que provendría de sectores que buscan quedarse con la concesión de algunos de los casinos y juegos de azar de ese país.
Una licencia por cinco años o más, a cambio de pagar un impuesto mínimo fijo al Estado, les asegura importantes ganancias a los operadores de casinos. Paraguay, frente a otras zonas, no se caracteriza por ser un medio donde la industria de casinos genere cifras astronómicas anualmente. De todos modos parecen ser cifras suficientes para que los operadores de ese país recurran a vías ilícitas para salvaguardar su situación. ¿Sería descabellado pensar en algo en el trasfondo de este asunto?
Autor: Staff Revista de Casinos |
