¿Y la ley?
En una reciente entrevista realizada al Secretario de la Gobernación de México, Lic. Juan Camilo Mouriño, publicada en Cronica.com, éste profundiza sobre algunos aspectos del marco regulatorio al que se encuentra sometida la industria del juego en México y en general en Latinoamérica. Es sabido que la industria del juego a nivel mundial y en este caso la de Latinoamérica, suele ser campo fértil para todo tipo de operaciones ilícitas, evasiones fiscales, licitaciones dudosas y demás actividades que quedan por fuera del terreno de la legalidad. Las noticias constantes en los medios especializados sobre decomisos de máquinas tragamonedas en casinos clandestinos son sólo una de las modalidades de ello, siendo México uno de los escenarios más frecuentes.
El hecho de que la industria de Casinos en la mayoría de los países latinoamericanos no esté debidamente regulada da lugar para mucho. Al dejar ciertas lagunas en el derecho, el campo queda libre para desarrollar operaciones ilegales, evadir impuestos, lo que acarrea que el gobierno de turno se vea obligado a destinar gran cantidad de recursos en operativos policiales y en procesos judiciales. La no claridad en la regulación genera episodios como el ofrecimiento del mes pasado de un soborno de 1 millón de dólares que operadores de Casinos hicieran al Vicepresidente electo de Paraguay, Federico Franco, para obtener licencias más extensas. Esto sucede luego de que Conajzar (Comisión Nacional de Juegos de Azar de Paraguay) otorgara nuevos permisos y licencias, cuando de acuerdo a la ley debería haber llamado a licitación. Las autoridades del organismo se ampararon en un nuevo decreto que al parecer hace posible el otorgamiento de tales licencias.
Otro ejemplo muy reciente es la destrucción de 363 máquinas tragamonedas incautadas en los últimos meses en Veracruz, México, donde operaban ilegalmente y además violaban la ley contra la piratería de ese país.
Mouriño, al hacer un análisis sobre la realidad mexicana al respecto de este tema, se pregunta qué sucede con la autoridad en estos casos. El marco que regula los juegos de azar en México no sólo es obsoleto, sino que parece incentivar cualquier tipo de arreglo fraudulento. Mouriño declara que “...en cuanto a normatividad del juego prácticamente todo el Cono Sur nos mira por encima del hombro y nos considera unos dieciochoavomundistas…â€; y prosigue: “...en México, según los cálculos no oficiales al alcance —porque los oficiales se encuentran más blindados que un coche de narco—, operan en todo el país unas 50 mil máquinas de juegos y sorteos ilegales de acuerdo con la ley de la materia, contra apenas 25 mil legalesâ€.
México aparece, en lo referente a regulación del manejo de juegos de azar, inclusive muy por detrás de otros países de Latinoamérica. En lo que tiene que ver con la recaudación fiscal, además, frente a esta situación el gobierno pierde cifras astronómicas. Todo ello se da en un país en que constitucionalmente los juegos de azar no existen, y donde la legislación vigente lo combate.
En la entrevista, el Secretario cita, por otra parte, un interesante ejemplo. Frente al funcionamiento imperante de la industria del juego en su país, contrapone el manejo que actualmente lleva a cabo Perú. Según Mouriño, “hasta el año pasado, en Perú el 95 por ciento del negocio de juegos y sorteos era ilegalâ€; ese era el porcentaje de casas de juego activas gracias a otro tanto de amparos otorgados para que se mantuvieran operando a partir de diversas condiciones de ilegalidad.
Al asumir la presidencia Alan García, la recaudación impositiva en Perú dejaba bastante que desear. Los Casinos alrededor del mundo, bien regulados claro está, son grandes fuentes de aporte al fisco. Al notar García la cantidad de dinero que su gobierno estaba perdiendo, ordenó que el Poder Ejecutivo demandara al Poder Judicial la anulación de todos los amparos que protegían a salas de juego operando al margen de la ley; o en caso contrario, que procesara a los jueces que habían otorgado esos amparos.
¿Qué ocurrió como resultado de esta acción? Frente al 95 por ciento de centros de juego ilegales que había en Perú en el año 2007, en 2008, el 100 por ciento de las salas de juego operan dentro de los cánones que permite la ley peruana.
Está claro que no todos los países de Latinoamérica funcionan como Perú, ni todos son México tampoco; pero la experiencia peruana en este tema sienta un precedente. Muy difícilmente se pueda erradicar a todas las salas de juego clandestinas o detener a todos los operadores de juego que operan fuera de la legalidad, pero no sería malo acercarse un poco.
El caso de Perú no es para que pase desapercibido. Un marco legal vigente, claro, sin que deje abiertos espacios grises en la interpretación; junto a cierta firmeza en las políticas de gobierno, ciertamente ayudarán a que recibamos menos “malas noticias†sobre la industria del juego en nuestra región en los próximos tiempos.
Autor: Staff Revista de Casinos |
